En la oposición corre como reguero de pólvora el descontento por el DNU 656 por el que el Poder Ejecutivo amplió en 100 mil millones de pesos el presupuesto de gastos reservados para la nueva SIDE.
Con el comunicado del bloque de la UCR en contra de este fortalecimiento en las sombras del organismo de espionaje, ya existe una mayoría de voluntades en contra del decreto, por lo que si las expresiones se tradujeran en votos concretos, la norma podría volar por los aires y convertirse en historia pasada.
El DNU, que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados se encuentra a tiro de la derogación por parte del Congreso, pero no es soplar y hacer botellas.
Primero lo tiene que tratar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora dispone de un plazo de 10 días hábiles (es decir, hasta el 14 de agosto) para dictaminar sobre su validez o invalidez.
Transcurrido ese plazo, y en caso que no haya dictamen, las cámaras tendrán luz verde para abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122.
La última vez que se reunión la bicameral de Inteligencia había sido el 25 de abril. Su titular, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), venía demorando la convocatoria a un nuevo encuentro pero la presión opositora surtió efecto y finalmente habría un compromiso para reunirse el próximo jueves 8 de agosto.
El libertario riojano cedió luego de una nota firmada por los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF) para que se convocara de forma “urgente” a la bicameral.
Este cuerpo debe analizar la validez o invalidez de cerca de varias decenas de decretos, entre ellos el que fija dispone la reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional, disolviendo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y resucitando la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El panorama para el oficialismo es delicado ya que debe defender la ampliación del presupuesto para inteligencia mientras hacia afuera se repíte como un mantra que “no hay plata” para nada y se cierran todas las semanas dependencias del Estado nacional.
Pero a su vez el riesgo es mayúsculo porque está en jaque la propia existencia de la nueva SIDE mileísta. De hecho, el comunicado del radicalismo enfatiza varias veces que están en contra de ambos decretos, incluyendo el que crea la nueva estructura de espionaje.
El argumento central de la oposición en su conjunto para desconocer la validez de los decretos mencionados es que de acuerdo a la Ley de Administración Financiera cualquier decisión sobre gastos reservados, y más aún sobre inteligencia, debe pasar necesariamente por el Congreso.
La controversia sucede en momentos en que La Libertad Avanza sigue frenando la integración de la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
La conformación de este cuerpo se enturbió a partir de la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de quitarle una silla a Hacemos Coalición Federal, para adjudicársela al oficialismo.
Esto llevó al enfrentamiento directo con el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, que reclamaba ese lugar para Emilio Monzó y no perdona lo que considera una deslealtad hacia su espacio parlamentario.
Finalmente, quedaron designados en representación de Diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger (ambos de La Libertad Avanza y el último en el lugar donde iba a recalar Monzó), Cristian Ritondo (PRO), Mariela Coletta (UCR) y Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés (Unión por la Patria).
Por el Senado fueron nombrados Martín Goerling (PRO-Misiones), Mariana Juri (UCR-Mendoza), Edgardo Kueider (Unidad Federal – Entre Ríos), Edith Terenzi (Cambio Federal-Chubut). Mientras que por el bloque de Unión por la Patria fueron designados Eduardo «Wado» de Pedro, Oscar Parrilli y la riojana María Florencia López.
La presidencia de esta bicameral, que por rotación le corresponde este año a un senador, sigue siendo una incógnita y es un botín que se disputan el presidente Javier Milei con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
En una primera instancia se creía que iba a ser otorgada al PRO, más precisamente a Göerling, con el aval de la titular del Senado, de Mauricio Macri y y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, metieron la cuña la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes alientan al peronista disidente Kueider, como premio por haber apoyado la Ley Bases. La moneda está aún en el aire.
Los proyectos para derogar el DNU y el poroteo
Son varios los proyectos presentados por distintos sectores de la oposición para dar por tierra con el DNU que amplía el presupuesto para la SIDE.
Varias de las tribus que conforman el bloque de Hacemos Coalición Federal se abroquelaron detrás de una iniciativa de Margarita Stolbizer.
Ese proyecto lo firman además Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.
También la Coalición Cívica presentó un proyecto propio, firmado por la totalidad de sus integrantes (Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego), con el objeto de declarar al DNU “nulo de nulidad absoluta e insanable”.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presento su propia iniciativa. Unión por la Patria se pronunció fervientemente en contra del engorde presupuestario de la SIDE.
La UCR, en tanto, se internó el lunes por la tarde en una extensa reunión con prácticamente la totalidad de sus integrantes y hubo consenso en instar al «urgente tratamiento» del DNU.
“Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que “no hay plata”, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”, recriminó el bloque encabezado por De Loredo.
“Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”, agregaron los diputados radicales en el comunicado.
Así las cosas, el escenario en Diputados es adverso para el oficialismo, porque si se suman los 99 integrantes de Unión por la Patria, los cinco de la izquierda, los siete de Hacemos Coalición Federal que firmaron el proyecto de Stolbizer, los seis de la Coalición Cívica, y los 33 de la Unión Cívica Radical, ya habría una mayoría de 150 voluntades, y esa seria el piso de votos, cuando apenas se requeriría de 129 para imponer la derogación.
En el Senado, el panorama para La libertad Avanza es también complicado. Unión por la Patria tiene 33 integrantes y debería ir a la búsqueda de apenas cuatro votos más para lograr esa mayoría simple.
La oposición cuenta con un antecedente alentador: ya logró esa mayoría el 15 de marzo pasado cuando rechazó el DNU 70/23 de desregulación de la economía. Sin embargo, nunca se pudo avanzar en Diputados. Hasta el momento, nunca un DNU fue anulado por ambas cámaras del Congreso.
